El impacto de la ley marcial en la observancia y protección de los derechos humanos y las libertades
La relevancia de la investigación científica realizada en este artículo se debe al hecho de que la observancia y protección de los derechos humanos y las libertades es de particular importancia bajo la ley marcial. En tales condiciones, se está produciendo una reestructuración conceptual y una adaptación de todas las esferas de la sociedad, la vida socioeconómica, política y cultural de acuerdo con las urgentes cuestiones de seguridad. Esto implica otorgar poderes adicionales a las autoridades estatales, al mando militar y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley únicamente en aras del buen funcionamiento del aparato estatal en condiciones de incertidumbre, minimizando los riesgos de desestabilización de la situación interna en el estado. Por supuesto, esto afecta a la observancia y protección de los derechos humanos y las libertades, ya que las restricciones que puedan producirse bajo el régimen jurídico de la ley marcial deben cumplir sin duda las disposiciones de la Constitución de Ucrania, las leyes de Ucrania y los actos jurídicos internacionales ratificados por Ucrania. El proceso de digitalización de los servicios públicos reviste especial importancia en el marco de la observancia y protección de los derechos humanos y las libertades en el marco de la ley marcial, lo que supone la máxima simplificación de la interacción entre la población y las autoridades públicas en el contexto del complicado funcionamiento de estas últimas debido a los bombardeos regulares, la falta de suministro eléctrico y los ataques aéreos. El desarrollo de las tecnologías digitales en el marco de la ley marcial se vio facilitado en gran medida por la experiencia previa de adaptación de las instituciones estatales al trabajo a distancia en el contexto de la propagación de la infección por coronavirus COVID-19. A pesar de las posibles restricciones de los derechos humanos y las libertades en el marco de la ley marcial, las actividades de las autoridades públicas deben llevarse a cabo de conformidad con el principio de legalidad y dentro de los límites de las competencias previstas por la legislación aplicable.