El control judicial como garantía de no injerencia en la vida privada durante la instrucción : una observación en el marco del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El artículo está dedicado a la cuestión de actualidad del control judicial sobre la no injerencia en la vida privada (personal y familiar) de los participantes en los procesos penales. El estudio se ha realizado en el contexto del análisis de la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas posiciones jurídicas deben aplicarse de forma coherente en los procesos penales; prueba de ello son los requisitos legales sobre esta cuestión. La noción y el concepto de control judicial es un componente necesario que contribuye a garantizar el respeto de la dignidad y la integridad humanas. Es un principio común y establecido que, durante el proceso previo al juicio, es la posición de aquellos que aseguran la justicia en hacer que la vida de las personas sea respetada y salvaguardada. Cabe señalar que, de acuerdo con la legislación nacional de Ucrania, el control judicial es una función separada de las actividades del tribunal en la fase de investigación previa al juicio, llevada a cabo directamente por el juez de instrucción. La situación será precaria y perjudicial cuando no se respete al máximo la vida privada de las personas. Por lo tanto, es responsabilidad de quienes velan por el orden público durante la fase de investigación previa al juicio garantizar el respeto de la vida privada del presunto sospechoso para el correcto desarrollo del proceso de justicia. Para garantizar este derecho, se establece que los métodos empíricos y analíticos de la investiga-ción son necesarios, con el fin de mostrar el papel efectivo desempeñado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el respeto del derecho a la vida privada durante la fase de interrogatorio de la investigación. De las conclusiones se desprende que, aunque el Tribunal ha desempeñado un papel destacado y pertinente en el respeto de la vida privada, el sospechoso sigue experimentando dificultades cuando su vida privada está en juego, y ello afecta siempre al alcance del sistema judicial.