Gran parte del conflicto político colombiano, traducido en la acción protagónica de grupos armados asentados en territorios de baja presencia estatal, se explica por la existencia de un bajo nivel de desarrollo agrícola en el país y la imposibilidad de hacer realidad una reforma agraria. A lo anterior se agrega el impacto que ha producido la transformación del país en el mundo rural. No es un secreto que la re-estructuración de la economía rural debe ser un proceso de transformación social y regional que termine con el extenso atraso que mantiene al campesino colombiano en las mismas condiciones de finales del siglo xix. Por ello, es urgente dar respuesta integral a todas estas situaciones y proceder a la formulación de políticas públicas que favorezcan la democratización de la propiedad, la producción con base asociativa, la generación de valores agregados a los productos tradicionales del campo, la producción para la autosuficiencia alimentaria del país, el acceso a los mercados, el mejoramiento del ingreso familiar y la oportunidad para que la población rural se acerque al disfrute de la vida.